¿Qué pasaría si la gente pudiera ser procesada por daños ambientales de la misma manera en que puede ser condenada por genocidio? Esa es la idea detrás de la propuesta formulada por la abogada Polly Higgins para incluir el ecocidio como crimen internacional en el Estatuto de Roma.

Desde el 2015 Solidaridad Suecia-América Latina (SAL) ha participado en el debate sobre el ecocidio. La abogada inglesa Polly Higgins ha visitado Suecia varias veces durante este periodo y ha participado en actividades relacionadas con el tema junto a varias organizaciones de la sociedad civil sueca como End Ecocide Sweden, Greenpeace, FIAN Suecia, Swedwatch, Amigos de la Tierra Europa, WWF y la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza.

“Si robas una manzana te sentencian, pero si destruyes el planeta, no pasa nada”, dice Polly Higgins, abogada y escritora comprometida con cuestiones ambientales y que actualmente lleva adelante la propuesta de una ley sobre ecocidio.

Una ley sobre el ecocidio implicaría que quienes toman decisiones, tales como directores generales, gerentes, ministros y jefes de estado podrían ser juzgados por daños graves a la naturaleza. Por ejemplo, cuando un ecosistema es destruido debido al impacto humano.

Quinto crimen internacional contra la paz

El Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional (CPI) lleva a juicio a individuos por cometer cuatro crímenes contra la paz. Estos son: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En el año 2010 Polly Higgins propuso a la Comisión de Derecho de las Naciones Unidas considerar el ecocidio como el quinto crimen internacional contra la paz.

De acuerdo con la abogada, una ley de este tipo crearía un “deber jurídico de protección” en donde quien evada su responsabilidad hacia la naturaleza y el medio ambiente pueda presentarse ante la justicia.

“A diferencia de lo que se ve hoy en día, con las empresas haciendo análisis de riesgos con antelación para ver cómo pueden causar el menor impacto negativo posible, la idea es que éstas se preocupen más bien por las consecuencias. Si un proyecto implica un daño ambiental lo suficientemente grande como para ser juzgado, entonces el riesgo de invertir en él será demasiado alto”, dice Polly Higgins.

El Estatuto de Roma es un documento vivo, lo que significa que se puede editar. Para hacerle una adición es suficiente que un país miembro lo sugiera. El anhelo de Polly Higgins es que un grupo de países lo ponga sobre la mesa. Una vez que el ecocidio sea añadido al documento, estará abierto para que los estados miembros lo firmen.

La idea es que los gobiernos y las empresas cuenten con un período transitorio de cinco años en los que puedan cambiar sus operaciones con relación al medio ambiente, antes de que la ley entre en vigor.

El rol de Suecia

Polly Higgins sostiene que la perspectiva de Suecia con respecto a este tema es interesante, particularmente por su población indígena Sami.

“La voz de un pueblo originario de los países del Norte sería importante en el diálogo con los países del Sur”, dice Higgins.

El actual gobierno sueco ha mostrado disposición con respecto a este tema. De acuerdo con Higgins y la organización End Ecocide Sweden – quienes se reunieron en distintas ocasiones con la anterior ministra de clima y medio ambiente, Åsa Romson – la diferencia con el gobierno anterior es que mientras antes era necesario explicar el concepto de ecocidio, los políticos de hoy se preguntan cómo pueden contribuir en el tema.

En marcha

En estos momentos se llevan a cabo diálogos con algunos Estados en torno a la posibilidad de presentar una propuesta para añadir el ecocidio al Estatuto de Roma. Michael Baumgartner de Greenpeace Suiza colabora con Polly Higgins en el asunto. Él explica que se han acercado a gobiernos propositivos para un “diálogo amistoso”.

Al mismo tiempo se socializa el tema con otras organizaciones y con especialistas en temas jurídicos para crear un “muro cortafuego” que dé soporte a los gobiernos cuando estos decidan llevar la discusión al siguiente nivel. Es importante que el diálogo continúe en la sociedad civil para que el tema no se decida entre cuatro paredes, como se ha hecho antes.

SAL toma partido

Durante el segundo semestre de 2016, SAL organizó la serie de seminarios “Conversaciones por los Derechos de la Tierra” junto a las organizaciones End Ecocide Sweden y Lodyn. El objetivo de dichos seminarios fue discutir y profundizar en torno a temas relacionados con los derechos de la naturaleza y los movimientos que han crecido en diferentes lugares del mundo para crear una sociedad sustentable y justa en concordancia con los ecosistemas.

Los temas de uno de estos seminarios fueron los derechos de la naturaleza y el concepto del buen vivir, con especial atención a Bolivia y Ecuador. En esta discusión participaron Milton Soto, Embajador de Bolivia, y como representantes de SAL, Anna Nylander y Carmen Blanco Valer. Estas últimas son, junto a Anika Agebjörn, autoras del libro “Dinero o vida: acerca del Sumak Kawsay”, publicado en sueco bajo el título “Pengarna eller livet: om sumak kawsay – ett annat sätt att se på livet”.