Durante el año 2016 fueron asesinados 200 activistas medioambientales. Los pueblos originarios han sido los principales afectados por su incesante lucha contra la explotación ambiental y por el cumplimiento de sus derechos territoriales. Suecia debe tomar más responsabilidad en cuanto a la represión que sufren los pueblos originarios, tanto en lo que atañe al cumplimiento de los derechos del pueblo sami como al accionar global de las corporaciones suecas.
Un informe publicado por la organización Global Witness en julio del 2017 muestra que las personas que se oponen a las grandes empresas corren peligro de muerte. Durante el año 2016 fueron asesinados no menos de 200 activistas medioambientales. Las industrias más peligrosas para estos activistas son las minera, la petrolera, la maderera y la agroindustrial. La caza furtiva y la construcción de represas son también sectores de alto riesgo para las personas que se oponen a estas actividades. El informe muestra claramente que el grupo más expuesto es el de los pueblos originarios y la región más expuesta por un alto margen es América Latina, donde se registran más del 60% de los casos de asesinato a nivel mundial.
En marzo del 2016 fue asesinada la lideresa indígena Berta Cáceres en Honduras después de una protesta contra la construcción de una represa hidroeléctrica. Unas semanas después hombres armados atacaron a su hija Bertha Zuñiga junto a otra cantidad de activistas. El año pasado se firmó en Colombia un acuerdo de paz que tuvo gran repercusión internacional. En Europa este hecho fue celebrado con el premio nobel de paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos, sin embargo el camino hacia la paz es aún muy largo y tortuoso para la sociedad civil colombiana. El hecho es que en Colombia las amenazas y violencia hacia los defensores de derechos humanos y líderes sociales ha ido en aumento. Desde enero del 2016 se han registrado más de 150 líderes sociales asesinados. La organización social Solidaria Suecia – América Latina que durante casi 50 años ha estado presente en la región cooperando con movimientos sociales ve con gran preocupación esta situación.
Suecia tiene una larga tradición como referente de la solidaridad internacional. Al mismo tiempo el estado sueco ha optado por no compensar los históricos abusos cometidos contra su propia población indígena. Tanto a nivel local como en el exterior el estado sueco y las empresas suecas tienen una participación más activa de lo que aparenta en la represión a los pueblos originarios. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha criticado a Suecia por violar los derechos del pueblo sami al otorgar permisos de prospección a industrias mineras en su territorio ancestral y sin su consentimiento. La multinacional sueca Lundin Gold le ha pagado al gobierno ecuatoriano 225 millones de coronas suecas para establecer lo que será la mina de oro más grande de América Latina en plena selva amazónica, un caso relativamente desconocido en el caos mediático sueco, pero que traerá consecuencias catastróficas para los habitantes de la zona.
Si Suecia quiere ser tomado en serio como un país defensor de los derechos humanos tiene que hacerle caso a las críticas por el maltrato al pueblo sami y exigir a actores privados como Lundin Gold que rindan cuentas por las violaciones cometidas a la población local.
Texto: Lovisa Prage, grupo temático sobre Buen Vivir y derechos de la naturaleza
Traducción: Silvia Ana González, grupo temático sobre Buen Vivir y derechos de la naturaleza
